Un nuevo pronunciamiento de las FARC-EP ha encendido las alertas en el país tras anunciar la restricción inmediata del ingreso de organismos internacionales y entidades nacionales a territorios donde mantienen presencia.

En el comunicado, fechado el 18 de marzo de 2026, el grupo armado informó que no permitirá el acceso de la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA ni la Defensoría del Pueblo, al considerar que estas instituciones habrían vulnerado principios de neutralidad y confianza en sus actuaciones.

Según lo expresado por la organización, algunas acciones de carácter humanitario y de verificación estarían siendo utilizadas, presuntamente, para la recolección de información que podría favorecer operaciones militares en su contra. Además, cuestionaron la respuesta de estos organismos frente a distintos hechos de violencia en el país, señalando lo que califican como falta de pronunciamiento oportuno.

En contraste, indicaron que mantendrán canales de comunicación únicamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), bajo condiciones específicas de confidencialidad y coordinación previa.

Este anuncio ha generado inquietud en distintos sectores, especialmente por las posibles afectaciones al acceso humanitario, el monitoreo internacional y el seguimiento a la situación de derechos humanos en regiones impactadas por el conflicto armado en Colombia.