A partir del 2027, procesos sobre conflictos agrarios serán resueltos por jueces especializados, y su puesta en funcionamiento destrabará casos que llevan años engavetados.

La Reforma Agraria, cuyos logros han sido determinantes en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, encontrará un respaldo jurídico para consolidar lo que dicta el Punto 1 del Acuerdo de Paz: resolver líos jurídicos en la materia para contribuir al alcance de una paz estable y duradera.

Tanto la ministra de Agricultura como el director de la Agencia Nacional de Tierras reiteran el llamado al Congreso para que debata y apruebe el proyecto de ley ordinaria antes del 20 de junio, fundamental para materializar la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción.