Entre 2024 y el 31 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo conoció 1.173 casos de reclutamiento. Sabemos, además, que existe un importante subregistro y que muchos casos solo llegan a conocerse cuando los menores de edad mueren en combates entre grupos armados ilegales o en operativos de la Fuerza Pública.
Tras el reciente bombardeo en El Retorno, Guaviare, en el que murieron tres menores de edad, reiteramos que el reclutamiento está absolutamente prohibido por el DIH y es responsabilidad de los grupos armados que continúan incurriendo en esta abominable práctica.
Pero los menores de edad reclutados siguen siendo víctimas, y el Estado debe extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas.
Urge fortalecer la prevención y reactivar la CIPRUNNA (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento). La Defensoría del Pueblo está dispuesta a trabajar con el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y las instituciones de justicia para evitar nuevos reclutamientos y que más niñas, niños y adolescentes mueran en combates u operativos militares.
