Juez ordena libertad de la alcaldesa de Cajibío

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El Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán ordenó la libertad de Diana Carolina Cabanillas Valencia, alcaldesa de Cajibío para el periodo 2024-2027, luego de resolver una solicitud relacionada con el vencimiento de términos dentro del proceso penal que se adelanta en su contra.

La decisión fue adoptada este lunes 21 de septiembre y quedó consignada en la Boleta de Libertad 088, remitida al centro penitenciario para mujeres de Popayán. En el documento se establece que la mandataria podrá quedar en libertad, siempre y cuando no exista otro requerimiento judicial en su contra.

Cabanillas permanece vinculada a una investigación por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público, relacionados con supuestas irregularidades en procesos de contratación. Los cargos fueron formulados por la Fiscalía y la alcaldesa no los aceptó.

El despacho judicial fundamentó su decisión en las disposiciones contempladas en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, que establece diferentes circunstancias en las que una persona puede recuperar su libertad por vencimiento de términos.

La decisión no representa una absolución ni pone fin al proceso penal. Tampoco establece responsabilidad sobre los hechos investigados, por lo que Cabanillas continúa amparada por la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.

Asimismo, la orden de libertad no dispone su regreso inmediato a la Alcaldía de Cajibío. Cualquier decisión relacionada con su eventual reintegro al cargo estará sujeta a las medidas administrativas y judiciales que se encuentren vigentes, incluida la situación de suspensión y el encargo de la administración municipal.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ya hizo efectiva la orden de libertad.

De esta manera, la decisión judicial modifica la situación de privación de la libertad de la alcaldesa, pero el proceso penal y las actuaciones relacionadas con los hechos investigados continúan.

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